El pasado sábado 11 de noviembre un grupo de activistas se reunió en Moscú para celebrar la Cuarta Conferencia de Familias LGTBIQ+ organizada por el Centro de Psicología Social y Proyectos Culturales “Resource”. La localización de la reunión no se hizo pública y sólo la conocían aquellos invitados a asistir.
Al salir del lugar un hombre atacó al grupo lanzándoles lo que las víctimas creen era algún tipo de ácido (según testimonios olía a acetona) y golpeándoles hasta hacerles caer al suelo. Entre las seis víctimas está Zoya Matisova, una conocida activista LGTB+ rusa que hace poco entró a formar parte de la dirección de la Russian LGBT Network.
Según Mikhail Tumasov, director de esa ONG, el ataque fue sin lugar a dudas un crimen de odio en base a la orientación sexual y/o la identidad de género de los asistentes y han exigido a las autoridades que investiguen el caso y detengan al culpable. “Creemos que no debería haber lugar para la violencia en nuestra sociedad“, dijo Tumasov en un comunicado en el que además expresaba su apoyo a los organizadores tanto por lo ocurrido como por su decisión de posponer las siguientes jornadas para garantizar la seguridad de los asistentes.
Dado que la localización de la reunión no era pública, Tumasov ha confirmado a Gay Star News que cree que “había una persona, un espía, que se hizo pasar por una persona LGTBI para conseguir la información correcta sobre el evento“. Lo que no tiene claro es si esa misma persona habría sido el agresor o si habría facilitado la información a un tercero para que perpetrara el ataque.
Ya sabes que la homosexualidad no es ilegal en Rusia pero desde que en 2013 el gobierno de Putin instauró la ley contra la “propaganda” homosexual el colectivo LGTB+ es duramente perseguido tanto por las autoridades como por grupos extremadamente violentos que actúan con total impunidad. Varios activistas, como Evdokia Romanova, han sido detenidos y condenados a pagar varias multas en base a esa ley; una ley que el propio Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea declaró “arbitraria y discriminatoria” y a la que acusó de perpetuar la homofobia.
