la Thomson Reuters Foundation, el brazo caritativo del servicio de noticias Reuters que se enfoca en los derechos humanos, el abuso psicológico y físico ha estado ocurriendo por más de una década.
“La terapias correctivas, en clínicas privadas y clandestinas de alcoholismo y drogadicción, continúa en Ecuador”, dice Cayetana Salao del Taller de Comunicación Mujer, un grupo de derechos Lgbt. “Este abuso es una realidad”.
Admitidos por los padres u otros parientes y retenidos en contra de su voluntad, las personas Lgbt, en particular las lesbianas, son golpeadas, encadenadas a camas, alimentadas a la fuerza y recluidas en régimen de aislamiento. Las víctimas también han informado de “violación correctiva” por parte de otros pacientes y personal que creen que la homosexualidad es una enfermedad mental curable.
Salao, quien observa que los grupos evangélicos están ganando influencia en la nación predominantemente católica, estima que alrededor de 200 de estas clínicas sin licencia operan en todo Ecuador.
Se han denunciado crímenes de odio y otras violaciones de derechos humanos contra personas Lgbt en más de 100 clínicas de este tipo desde 2012, pero no ha habido castigos ni enjuiciamientos. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador sostiene que no se encontraron pruebas de “terapia de conversión” en más de 60 clínicas que cerraron desde 2016 por condiciones insalubres o por operar sin licencia.
“No hay clínicas de des-homosexualización”, dice la representante María José Espín. “No deberían existir”. Carina Vance, una ex ministra de salud que es abiertamente homosexual, dice que las redadas policiales resultaron en el cierre de más de 100 clínicas durante su mandato desde 2012 hasta 2015. “Este negocio es muy lucrativo”, dice ella. “Estas clínicas tienen mucho poder, hay muchos intereses económicos detrás de esto”.
